Es un alto honor que nuestro país haya sido la sede
del VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, el
cual culmina hoy en la ciudad de Guatemala.
Durante cuatro días, delegadas de organizaciones y pueblos
originarios del continente, se dieron cita para intercambiar información
y compartir experiencias relativas a sus luchas por los derechos de las
mujeres indígenas, por la igualdad y contra la exclusión de que son
víctimas.
Este encuentro ha permitido renovar, con datos y vivencias concretas,
la denuncia sobre las condiciones de discriminación y desigualdad en
que transcurre la vida de la gran mayoría de mujeres indígenas del
continente.
Situación de la que no escapa Guatemala, donde debe recordarse la
enorme deuda, histórica y presente, que la sociedad tiene con quienes,
durante más de 500 años, han sido soporte esencial para preservar el
crisol lingüístico, cultural y espiritual de los pueblos originarios de
esta parte de América.
Deuda que se resume en algunos datos lacerantes, como que solamente
una de cada diez mujeres indígenas tiene acceso a la educación en
Guatemala; que la tasa de mortalidad materna entre las mujeres indígenas
es tres veces superior a este mismo indicador en mujeres no indígenas;
que el ingreso promedio mensual de estas últimas duplica al que logran
obtener las mujeres indígenas.
Este es el rostro claro de la discriminación, la cual tiene para las
mujeres indígenas una triple dimensión: por su sexo, por su etnia y por
su rol económico. Son ellas las mayores víctimas de la sociedad
patriarcal, racista y clasista.
Pero ellas son, también, el núcleo profundo e inquebrantable de la
resistencia ancestral, de la lucha por sus derechos, los de sus familias
y sus comunidades.
Son las auténticas herederas de Adelina Caal, Mamá Maquín, quien un
29 de mayo de 1978 estuvo al frente de los reclamos agrarios de las
comunidades q’eqchís y ofrendó su vida por ellas, en la oprobiosa
masacre de Panzós.
No hubo en el VII Encuentro Continental actitudes plañideras ni
solicitudes de políticas paternalistas o concesiones gratuitas. Si fue
patente, en cambio, un fuerte sentido de reivindicación de derechos
históricamente negados.
En un año en que la sociedad guatemalteca vivió memorables jornadas
de unidad, se debe exigir que el Estado cumpla los compromisos
contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, en especial los relativos a la adopción de
medidas “para asegurar que las mujeres y los niños gocen de protección y
garantías plenas contra todas las formas de violencia y
discriminación”.
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